Mientras crece la controversia sobre el ostentoso estilo de vida del funcionario público Anel Miranda, nuevos documentos revelan que su nombre figura como importador oficial de vehículos de alta gama, avivando aún más las sospechas sobre posibles negocios privados encubiertos.
Un registro que levanta sospechas
Una revisión de las bases de datos oficiales de la Autoridad Nacional de Aduanas muestra que, desde 2022, Anel Miranda aparece inscrito como el importador responsable de al menos tres vehículos de lujo, incluyendo un Maserati Levante y un BMW X7. Estos registros contradicen la versión pública de Miranda, quien insiste en que dichos automóviles no le pertenecen.
“No existe razón válida para que el nombre de un servidor público esté vinculado a operaciones de importación de bienes de alto valor si no hay un interés patrimonial directo”, comenta un especialista en derecho administrativo.
¿Negocio privado o fachada legal?
Según expertos en comercio exterior, la figura del “importador registrado” implica responsabilidad legal sobre la mercancía hasta su nacionalización definitiva, lo que conlleva trámites, pagos de aranceles y, en muchos casos, comisiones para intermediarios. El hecho de que Miranda aparezca como importador oficial sugiere, al menos, una relación contractual o financiera con los dueños finales de los vehículos.
Contradicciones en su versión pública
En declaraciones previas, Miranda ha asegurado que los autos pertenecen a un familiar cercano y que él únicamente figura en documentos por “formalidades administrativas”. Sin embargo, el nivel de implicación que implica registrar la importación —que incluye firma de contratos y responsabilidad ante Aduanas— pone en tela de juicio dicha explicación.
Marco legal y posibles sanciones
De confirmarse que Miranda utilizó su posición para facilitar trámites aduaneros o encubrir un negocio privado, podría enfrentar sanciones administrativas e incluso penales por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La Ley 23 de 2015 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Rentas obliga a los funcionarios a reportar cualquier actividad comercial, algo que hasta ahora no ha hecho público Miranda.
Voces que exigen claridad
Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales insisten en que las autoridades pertinentes —Contraloría General de la República y Ministerio Público— actúen con rapidez:
“No es suficiente con declaraciones vagas. Exigimos auditorías profundas y transparentes para determinar si hubo abuso de poder”, demandó Transparencia Panamá en un comunicado reciente.
¿Qué sigue?
Ante la creciente presión mediática y ciudadana, queda por ver si las instituciones estatales investigarán a fondo esta aparente discrepancia entre el patrimonio declarado de Anel Miranda y su participación en operaciones de importación de autos de lujo. El resultado de estas pesquisas podría sentar un precedente clave para la rendición de cuentas en el servicio público panameño.
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